Trata infantil, una emergencia silenciosa en Argentina
La trata de personas continúa siendo una grave violación de los derechos humanos, y son las infancias los sectores más vulnerables. A nivel mundial, aproximadamente un tercio de las víctimas detectadas son niños y niñas. En nuestro país, el tema cobró visibilidad ante la desaparición de Loan Danilo Peña, pero a dos meses de su desaparición, no hay desde el Estado impulso a acciones concretas en la lucha contra este flagelo. Argentina jamás contó con un sistema robusto de apoyo y prevención en estos delitos, con el agravante de que las pocas fortalezas que tenía, o bien se desmantelaron con la llegada del nuevo gobierno o comenzaron a ponerse en discusión y corren riesgo como políticas públicas.
¿Cuáles son características del delito y cuáles los perfiles de víctimas de mayor vulnerabilidad? ¿Qué países han logrado avances significativos en la lucha de la trata infantil? ¿Cuál es la agenda pendiente de Argentina y cómo se sitúa el país en relación a otras regiones? Estas son algunas de las preguntas que nos guían en una nueva Agenda Pública de la Fundación COLSECOR, en su compromiso por el respeto de los derechos humanos y en un mes especial para las infancias.
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la trata de personas es la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Y establece que “esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Impactan las cifras: una de cada tres víctimas de trata en el mundo son niños o niñas. En los últimos 15 años el crecimiento del delito pasó de una prevalencia del 10% al 30% a nivel global. A ese número se llegó motivado por la “caza y pesca” en Internet, los conflictos bélicos, los desastres naturales y el aumento de la pobreza en las infancias, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en sus cifras en inglés). Se trata de “una actividad criminal multimillonaria que ha aprovechado la globalización para expandir sus redes. La explotación sexual, el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica, por mencionar algunas, son las manifestaciones más comunes de quienes aprovechan las vulnerabilidades de personas en situación de marginación y pobreza”, agrega el informe de la reconocida organización internacional.
El trabajo desde la UNODC da cuenta de que, a nivel mundial, la mayoría de las personas procesadas y condenadas por el delito de trata siguen siendo hombres (seis de cada diez). Los delincuentes pueden ser miembros de grupos de delincuencia organizada, individuos que operan por su cuenta, o pequeños grupos de manera oportunista. La investigación señala, además, que los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de víctimas.
¿Cuáles son las zonas que revisten mayor incidencia? Sobre la base de los datos recopilados de 148 países, la UNODC pudo registrar 534 flujos de trata diferentes en todo el mundo. En América Latina se han detectado rutas de América del Sur a América Central, de América Central a América del Norte y del Caribe a América del Sur. La Organización también ha encontrado casos de víctimas llevadas desde Sudamérica al Este de Asia, Europa, el Norte de África y Oriente Medio.
Ahora bien, Naciones Unidas destaca que las víctimas suelen ser objeto de trata dentro de áreas geográficamente cercanas, y una de las principales formas de entrada a redes de trata es través de familiares y amigos. Las niñas son predominantemente víctimas de explotación sexual, mientras que los niños son más a menudo explotados en trabajos forzados, como en la agricultura o el servicio doméstico.
“Fuera de las sombras”: la radiografía de cada país
la prevalencia del delito de trata se da en la misma proporción en países de diferentes niveles socioeconómicos. Lo que sí cambia es cómo los países configuran su sistema de respuesta. Este es uno de los principales hallazgos de un informe presentado por la fundación argentina Red por la Infancia, a partir de los indicadores elaborados por The Economist Impact. “Fuera de las Sombras” da cuenta de una radiografía integral sobre la trata en la niñez, al evaluar a 60 países (que representan al 85% de la población mundial de niños). Esas variables miden cómo previenen o responden desde el Estado al abuso y la explotación sexual infantil, una de las manifestaciones más frecuentes de trata en la niñez. La trata y abuso sexual no es cualquier delito. La violencia sexual ha sido definida por distintos organismos y cortes internacionales como una forma de tortura, debido a las graves consecuencias que esta conducta tiene sobre las víctimas.
En cuanto a la región, el informe para América Latina y el Caribe sintetiza datos de nueve países: Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela en América del Sur; México, Guatemala y El Salvador en América Central; y Jamaica. En la tabla nuestro país quedó relegado al puesto 50 a nivel global y último (9°) a nivel regional.
Entre los principales indicadores figuraron el nivel de legislación, políticas públicas y programas, la adopción de medidas de protección eficaces, los sistemas de apoyo a las víctimas, el proceso de justicia desde el momento inicial de la respuesta hasta la resolución del caso, entre otras dimensiones. “Fuera de las sombras” señala que América Latina y el Caribe obtiene un puntaje superior a las medias globales en respuesta a la Explotación y Abuso Sexual (EAS) de niñas, niños y adolescentes, pero inferior en la prevención. Este buen desempeño se debe a un sistema de atención médica sólido y adaptado a las necesidades de la niñez y la adolescencia (como destacan del sistema de acceso universal a la salud que tiene Argentina); un sistema judicial adaptado a las necesidades de las niñas, los niños y los adolescentes, y la aplicación de programas integrales de protección social (como tienen Brasil y México).
Nuestro país cuenta con varias fortalezas como la adhesión a las convenciones internacionales y leyes de apoyo a víctimas. Y, como se señaló, ocupa el primer puesto en atención médica, por su sistema de salud público y gratuito y la respuesta a niños, niñas y adolescentes. A su vez, la política de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas “fue destacada como una excelente práctica de Argentina hacia el mundo, como herramienta de prevención de abuso en niños. Es importante destacar su rol en un contexto donde hoy lamentablemente se está poniendo en discusión”, señalaba tras la presentación del informe para América Latina y el Caribe en el programa radial “La Patria de las Moscas” Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia; iniciativa local que lucha por el cumplimiento de derechos de las niñeces, y para erradicar la violencia infantil en todas sus manifestaciones.
Ahora bien, son más las deficiencias que los puntos fuertes y de allí que Argentina obtenga un mal puntaje en general. En primer lugar, uno de los mayores problemas de nuestro país es que faltan datos para tener una correcta dimensión del problema; por ende, no se conoce exactamente la dimensión de la problemática de la trata infantil. Ello debilita los marcos de respuesta y prevención que deberían dar los diferentes resortes del Estado. En ese lugar que combina “disponibilidad de datos y capacidad de seguimiento y apoyo”, el mejor ubicado de América Latina fue Brasil (15); Argentina se ubicó en el puesto 53.
Según el informe “Fuera de las sombras”, Argentina no cuenta con un buen puntaje en el proceso de justicia, es decir, un proceso que sea respetuoso de los derechos del niño y no ofrezca instancia de re victimización que agrave aún más su situación. “Ahí tenemos uno de los índices más bajos a nivel mundial de confianza. La gente no confía en que el sistema de justicia le vaya a dar una respuesta adecuada, entonces es menor el incentivo para hacer denuncias”, señala Wachter. En ese punto, Brasil fue nuevamente el mejor ubicado de la región en el puesto 5 a nivel mundial; Argentina en el puesto 45. El país vecino es el único país de América del Sur y Caribe que exige que los jueces, los fiscales y todo el personal relacionado con los sistemas judiciales tengan una capacitación especial sobre intervenciones adaptadas a la niñez y la adolescencia, casos de abuso sexual y enfoques informados sobre el trauma.
Brasil tiene otra fortaleza que es un plan nacional con presupuesto asignado y resguardado. Independientemente de quién ejerza el cargo político, las políticas de infancia no se tocan. México también cuenta con políticas públicas robustas. Colombia es el país de la región que obtuvo el puntaje más alto respecto a legislación de protección (13), Canadá y los países nórdicos también tienen muy buenos programas preventivos. “Hay muchos países a los cuales podemos mirar”, agrega la directora ejecutiva de Red por la Infancia.
Watcher expone una cifra muy preocupante que alude exclusivamente a la problemática de explotación y abuso sexual (EAS). “Nuestra mayor deuda es tener un programa nacional para erradicar esta forma de violencia que afecta aproximadamente a dos millones de niños y niñas en Argentina”. Por otro lado, nuestro país no cuenta con un protocolo básico y transversal de protección para diferentes sectores donde las infancias permanecen mucho tiempo (como escuelas o clubes). Se quiso votar el año pasado y sectores de la oposición no dieron quórum.
El caso Loan ¿qué deja en la superficie?
La investigación sobre la desaparición de Loan en Corrientes, que incluye una hipótesis de trata de personas, puso el foco en el desguace de varios programas del Estado contra este delito. Entre marzo y abril de este año se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145, según detallan en este informe periodístico de DiarioAr.
Si se toman datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Claramente estas acciones no alcanzan, pero los resultados podrían ser más pobres de continuar con los recortes en áreas estratégicas.
Con la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hace más de veinte años, los países del mundo reconocieron la urgencia de enfrentar la trata de personas. Argentina es uno de ellos: adoptó la Convención sobre los Derechos del niño en 1990 y la incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Sin embargo, recién en 2005 el país sancionó una Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley nacional 26.061), acorde a los lineamientos de Naciones Unidas. Ahora bien, el Estado Argentino no cumple con esa normativa en un punto muy sensible: la prohibición de compra venta de niños no es delito tipificado en el Código Penal de nuestro país, como sí lo es el delito de trata de personas con fines de explotación (artículo 145 ter del Código Penal).
En 2007 un decreto presidencial creó el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, y la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación (OFAVI) adoptó un plan de contingencia contra la trata de personas. Todo esto fue desmantelado con el nuevo gobierno, de allí la importancia de generar políticas a largo plazo, y no acciones cuya continuidad que dependan del gobierno de turno.
“A nivel legislativo persisten severos déficits como la falta de tipificación de algunos delitos, como por ejemplo la compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Tampoco se cuenta con un sistema de registro y monitoreo de la prevalencia de casos que permita demostrar el compromiso del Estado en comprender y abordar el problema”, resume Wachter, de Red por la Infancia.
Los principales obstáculos para combatir la trata infantil incluyen la insuficiencia de infraestructura legal y administrativa, las dificultades que genera el delito en las redes digitales, falta de campañas de concientización y medidas preventivas, así como la necesidad de sensibilización pública sobre la gravedad del problema. La empatía parece estar en la superficie un tiempo, mientras el tema tiene visibilidad en la agenda mediática y política, como ocurrió con tantos casos, por citar el ejemplo de Guadalupe Lucero en 2021 o ahora el caso de Loan.
La trata de personas, y especialmente la trata infantil, es una emergencia que requiere una respuesta urgente y coordinada de los diferentes resortes del Estado. Los gobiernos, los legisladores, la Justicia, junto a las organizaciones internacionales y la sociedad civil tendrán que intensificar sus esfuerzos para asegurar que los derechos humanos sean una prioridad en la agenda pública y política para todas las personas, pero especialmente para los más vulnerables, los niños y niñas. La trata infantil es una de las manifestaciones más graves de violencia y, como destacan desde UNICEF, “la verdadera naturaleza de un país está reflejada en la forma en que trata a sus niños y niñas; cuando ellos sufren todos nosotros como sociedad nos perjudicamos”.